Economía

Tensa discusión en el TSJM para decidir si anula la venta de 3.000 VPO a fondos buitre

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Viviendas de Protección Oficial en el Ensanche de Vallecas, al sur de Madrid. ARQUIA

Está teniendo lugar otra dramática deliberación judicial, cinco meses después de la que se produjo el pasado noviembre en el Tribunal Supremo, cuando el alto tribunal decidió tras 15 horas de discusión que el cliente y no la banca tenía que asumir los gastos hipotecarios; esta vez el órgano judicial competente es el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y las partes enfrentadas no son las entidades financieras y sus clientes, sino los fondos de inversión o buitre y los inquilinos de las casi 3.000 Viviendas de Protección Oficial (VPO) que la Comunidad de Madrid vendió a Goldman Sachs-Azora en 2013.

Y es que la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM lleva deliberando desde nada menos que el 30 de enero pasado, 45 días, fecha en que estaba prevista la votación definitiva para fallar sobre el recurso de una denuncia interpuesta por un ciudadano de Navalcarnero, Rachid Bouikou. Bouikou se enteró en 2013 que, de la noche a la mañana, el hogar en que vivía de alquiler con sus tres hijos desde 2007 por un precio asequible tras años en listas de espera en el Ivima pasaba a estar en venta. Pero el 30 de enero no hubo sentencia: se comunicó a las partes que la deliberación se posponía al 6 de febrero. Desde entonces no hay noticias, pero la discusión sigue. “Los magistrados continúan deliberando”, confirman portavoces del TSJM.

La deliberación se produce desde el 30 de enero y continúa aún

Bouikou resistió las presiones, continuó pagando el alquiler que le correspondía con las condiciones de la empresa pública Ivima y denunció a su nuevo propietario, EnCasa Cibeles, filial de Goldman-Azora, además de a la Comunidad. Al principio fueron malas noticias: en 2016 un juez de Primera Instancia de lo Contencioso-Administrativo rechazó que el denunciante pudiera recurrir al no tener “legitimación activa”. El TSJM respaldó esta decisión, pero a finales 2017 el Tribunal Supremo dio la razón a Rachid al reconocerle la legitimidad para recurrir porque las consecuencias de la enajenación de miles de VPO de la Comunidad de Madrid eran “directas” para los inquilinos.

El 25 de mayo de 2018 se produjo la histórica sentencia: el juzgado de lo contencioso-administrativo número 29 de la capital respaldó a Bouikou; e incluso fue más allá: tumbó el acuerdo de mediados de 2013 con el que el gobierno regional madrileño vendió 2.935 viviendas, 3.084 garajes, 1865 trasteros y 45 locales a Azora Gestión por poco más de doscientos millones de euros. El fallo admitía recurso y de ahí que se haya elevado al Tribunal Superior de Justicia madrileño. La sentencia del TSJ, que debería de tardar poco tiempo en conocerse salvo que los plazos para deliberar se disparen, solo admite recurso en casación.

El Supremo tardó 16 horas en fallar a favor de la banca en los gastos hipotecarios

Toda la presión recae ahora sobre el alto tribunal madrileño: de la admisión o no del recurso de Azora Gestión y del Gobierno regional no solo dependerán las 3.000 viviendas de protección de la Comunidad de Madrid; igualmente, se verían afectadas otras 2.000 que vendió al fondo Blackstone -por las mismas fechas que el Ivima- la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid, entonces gobernado por Ana Botella. El Tribunal de Cuentas condenó duramente a Botella y su equipo a finales de diciembre pasado al pago de 25,8 millones de euros por vender esas VPO por debajo del precio de mercado. Blackstone, por su parte, cada vez más dispara sus beneficios con esas viviendas.

Viviendas de Protección Oficial en el Ensanche de Vallecas, al sur de Madrid.

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Las VPO que Blackstone compró en Madrid por 200 millones ya valen más de 1.000

Pablo Garcí[email protected] @PabloGarciaB

El fondo (o fondo buitre) Fidere, filial de la firma estadounidense de capital riesgo Blackstone, hizo un negocio redondo en 2013 en España. Concretamente, cerró operaciones muy suculentas de compra[…]

Y no solo esas 5.000 viviendas públicas cruzarían el Rubicón si se tumba el recurso: decenas de miles de VPO y centenares de promociones en España pasaron a manos de fondos de inversión durante los peores años de la crisis. Una sentencia favorable a los inquilinos sería no solo inédita, sino que abriría la puerta a muchas administraciones -y a miles de arrendatarios- a recuperar un parque de viviendas asequibles que en su día les fueron asignados por bajos recursos u otras condiciones. Un temor que expresaba Azora en su memoria de 2017: “En los últimos años”, dice la memoria, “el volumen de denuncias y reclamación de daños por la vía judicial han aumentado”, lo que podría “impactar en el negocio, los resultados de las operaciones, las condiciones financieras y las perspectivas”. El “vehículo de inversión [EnCasa Cibeles] y aquellos empleados del grupo y sus directivos” en España están “expuestos a los riesgos por las demandas”, concluye el informe.

El origen de todo es un vecino de Navalcarnero, que tiene enfrente a Azora y a la Comunidad

La Comunidad de Madrid también se ha movido contra Bouikou y contra la opción de tener que recuperar las VPO. A pesar de la entrevista que el presidente Ángel Garrido concedió a El País en septiembre pasado (“Vender vivienda pública a fondos de inversión fue un error, estuvo mal”), el Gobierno autonómico actúa de otra forma en privado. Así, en un polémico escrito presentado en agosto, la Región defendía la “legitimidad” de la operación de venta basada en una “decisión política legítima”. “La reducción del patrimonio público se ampara no en un mero capricho, sino en argumentos sólidos ligados al ahorro de costes que tanto reclama la ciudadanía a las Administraciones y a la mejor eficacia en la gestión”, señalaba el documento. Y añadía: “Debe recordarse nuevamente que la enajenación de las viviendas no afectaba para nada a la preservación de los derechos de los inquilinos”.

Rachid Bouikou y miles de inquilinos cuentan igualmente con una opinión muy severa de la Fiscalía contra el proceso de venta. Según un informe del fiscal presentado en enero de 2018 en los juzgados, la enajenación estuvo “trufada de irregularidades” y dejó “indicios de uso de artificio para la venta infraprecio” que “ofrecerían la imagen fiel y exacta de una conducta malversadora o defraudatoria”. En noviembre el Supremo alegó que obligar a devolver a la banca los gastos hipotecarios a millones de clientes provocaría un “riesgo sistémico”. Lo que emita ahora el TSJM es una verdadera incógnita.

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