Economía

Las empresas piden endurecer la reforma laboral tras frenar el decreto de Sánchez

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El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Europa Press

Las empresas lograron el primero de los objetivos: frenar la contrarreforma laboral del Gobierno, con su oposición en el diálogo social, y a través de sus valedores políticos en el Congreso de los Diputados, básicamente los partidos de la derecha económica.

Ahora que el Ejecutivo dar por muerta la posible derogación de los aspectos más lesivos de la reforma de 2012 y la fía a un debate en el seno de un grupo de expertos a constituir antes del verano, ya en la próxima legislatura, la patronal CEOE vuelve al empuje y pide profundizar en la flexibilidad laboral en el seno de las empresas ahora que comienza un nuevo ciclo de desaceleración de la economía española.

Las empresas lograron el primero de los objetivos: frenar la contrarreforma laboral del Gobierno, con su oposición en el diálogo social, y a través de sus valedores políticos en el Congreso de los Diputados, básicamente los partidos de la derecha económica.

Ahora que el Ejecutivo dar por muerta la posible derogación de los aspectos más lesivos de la reforma de 2012 y la fía a un debate en el seno de un grupo de expertos a constituir antes del verano, ya en la próxima legislatura, la patronal CEOE vuelve al empuje y pide profundizar en la flexibilidad laboral en el seno de las empresas ahora que comienza un nuevo ciclo de desaceleración de la economía española.

La Junta Directiva de la CEOE ha aprobado un documento de propuestas ante las elecciones generales del 28 de abril que va en esa dirección. De un lado, además de pedir que se limite el uso de los decretos-ley, con los que el Gobierno ha establecido, por ejemplo, la obligatoriedad de llevar un registro horario de jornada, los empresarios piden reducir el déficit optimizando el gasto público hasta el punto de lograr un ‘colchón’ para poder reducir la tributación de las empresas y, en ese escenario, continuar con el proceso de reformas estructurales, entre las que incluye una mayor apuesta por la flexibilidad.

Este término fue uno de los más repetidos por el Gobierno del PP en 2012, cuando aprobó su reforma laboral en febrero de ese año. El mensaje principal era que, introduciendo más margen para variar las condiciones laborales en las empresas, se podría evitar en muchos casos que los empresarios recurrieran a los despidos para adaptarse a momentos de dificultad.

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, junto a los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, y el presidente de CEOE, Antonio Garamendi.

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Ahora, la CEOE vuelve a repetir el mantra y dice que, “en un contexto de desaceleración económica, la apuesta por la flexibilidad y adaptación de nuestras empresas y el fomento de la competitividad constituyen la principal garantía para la sostenibilidad del bienestar y el empleo”. A ello añade: “se debe mirar hacia adelante y no revertir las reformas que han sido claves para apuntalar la dinámica económica. Los próximos meses van a ser críticos en nuestro devenir futuro, ya que el único momento en que suelen acometer reformas estructurales de calado es al principio de una legislatura”.

¿Qué reformas pide la CEOE?

Ya en el apartado de peticiones, la CEOE plantea de entrada blindar la reforma laboral mediante el mantenimiento del cese de la ultraactividad –prórroga automática de los convenios mientras se negocia su renovación–, la prioridad del convenio de empresa y la regulación de la inaplicación de las condiciones pactadas en convenio, herramienta esta cuyo uso vuelve a repuntar en los primeros compases de la desaceleración.

Dicho esto, la CEOE demanda una negociación colectiva más ágil, eficaz y adaptado a las necesidades impuestas por el nuevo marco de relaciones laborales, y, más aún, “acometer reformas que doten de un marco jurídico laboral seguro y flexible, no limitativo, ni excesivamente burocrático y que favorezca la capacidad de adaptación de las empresas a los ciclos económicos”.

Tras declarar su apuesta por las reformas consensuadas a través del diálogo y la concertación social, los empresarios insisten en configurar un sistema de contratación “adaptado a las necesidades de empresarios y trabajadores”, con fórmulas claras, sencillas y fáciles de gestionar; y potenciando la contratación indefinida, sin penalizar la contratación temporal.

En ese punto, la CEOE incluye también la necesidad de “mejorar la contratación a tiempo parcial”, asegurando que se trata de mejorar el empleo de calidad; y propone incentivar e intensificar la contratación de jóvenes, “con fórmulas flexibles”, así como la contratación de aquellos colectivos con especiales dificultades para su inserción en el actual mercado laboral, especialmente para las empresas del sector del comercio.

Más aún, la patronal se adentra aún más y pide “disminuir las cargas administrativas y los costes laborales”. Estos costes engloban habitualmente el salario, las cuotas a la Seguridad Social y seguros privados, y ocasionalmente el coste de las indemnizaciones por despido o las dietas. Al respecto, la única concreción del documento es una demanda para rebajar las cotizaciones a la Seguridad Social.

En otro punto, la CEOE pide mantener y no limitar los actuales mecanismos de colaboración entre empresas, en referencia a la subcontratación que el Gobierno quería modificar a través de una reforma del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, que también ha quedado finalmente en el tintero.

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Y es entonces, cuando el documento pide “incrementar los mecanismos de flexibilidad interna a disposición de las empresas para facilitar su adaptación a las necesidades del mercado”.

Esta valoración coincide con la opinión expresada por una cuarentena de empresarios y directivos recopilada en el libro ‘Más allá de los negocios. Miradas y visiones de empresarios sobre la economía, la sociedad y la política’, presentado también este miércoles por la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas), en el que reivindican una mayor flexibilidad en el mercado de trabajo. En este caso, precisan que esta flexibilidad se debe incrementar tanto en lo que se refiere a las modalidades de contrato como, sobre todo, a los costes de despido.

Menos impuestos para las empresas

Del mismo modo que los empresarios quieren remar en sentido contrario al Gobierno en materia de empleo, piden una rebaja de las fiscalidad que soportan después de una corta legislatura en la que han estado en la diana del Ministerio de Hacienda cuando ha hecho falta incrementar los ingresos impositivos para financiar entre otras cosas la subida de las pensiones en línea con el IPC.

Los empresarios quieren, desde “adecuar” la tributación por el Impuesto de Sociedades a la capacidad económica real de las empresas, eliminando las limitaciones en la compensación de pérdidas o la deducción de gastos financieros y corrigiendo los supuestos de doble imposición tanto nacionales como extranjeros mediante la exención total de dividendos y ganancias patromoniales, al contrario de lo que se planteaba en los Presupuestos frustrados de 2019; hasta favorecer los negocios emergentes con tipos inferiores tanto en el impuesto como en las cotizaciones sociales.

También piden reducir los tipos marginales del IRPF y la tributación del ahorro, así como eliminar el Impuesto del Patrimonio. Finalmente, en materia de pensiones, apuestan por sacar de la Seguridad Social gastos impropios y por elevar la edad de jubilación.

 

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