Opinión

La violencia estructural feminista

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He de decir que, como mujer, no me he sentido agredida en ningún momento por un partido que pide la igualdad jurídica de hombres y mujeres. Lo opuesto es dictadura socialista. Como mujer, además, exijo que el dinero público destinado a prevenir y a acabar con la violencia contra cualquier individuo de la sociedad se destine, en exclusiva, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los juzgados, en lugar de financiar las llamadas “chochocharlas” y los talleres de batasunas y “mantas” varias reconvertidas en la profesora del máster de La búsqueda de la almeja. Sin embargo, como mujer y madre de un hijo varón, siento terror cuando leo una sentencia del Tribunal Supremo (TS) en la que, en base a la Ley Orgánica de Medidas de Protección contra la Violencia de Género (LIVG), donde los jueces establecen que en una agresión mutua en la que una mujer propina un puñetazo y él devuelve una bofetada, el hombre es condenado a seis meses por el hecho de serlo y ella a tres meses por deferencia.

Durante estos días escucho a muchos liberales a los que respeto asegurar que VOX está muerto al exigir la derogación de las leyes de género como condición sine qua non para apoyar al PP en Andalucía. Sin embargo, lo cierto es que la formación de derechas debería establecer la demolición de esta legislación anteriormente citada como una medida prioritaria por ser ésta, esencialmente, ingeniería social neomarxista y suponen la materialización del clientelismo socialista a costa del mercadeo nauseabundo de las mujeres verdaderamente maltratadas.

Sus cuentas, explícitamente detalladas en el desglose presupuestario del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) proveniente de la Consejería de Igualdad, revelan que de 42,8 millones de euros tan sólo 1,2 millones han sido destinados a las víctimas. Por ello, esta normativa es, desde el prisma económico, una estafa social como la de los ERE de Andalucía. Por ello, urge acabar con las leyes de género porque permiten que un grupo de mujeres de cuota se organicen para lograr capacidad coactiva, impunidad estatal, prebendas blindadas gracias al bolsillo sin fondo del contribuyente que articula su vida fuera del asociacionismo estatal. Eso es violencia estructural feminista: el dinero de las víctimas destinado a la financiación irregular de los partidos de izquierda a través de más de 2.300 asociaciones, observatorios, y fundaciones con el mismo modus operandi con el que la Junta saqueó a los parados a través de los sindicatos y empresas públicas construídas ad hoc. Como mujer que se niega a que la utilicen para la consecución de fines comerciales a gran escala, pido a VOX que no renuncie a esa medida.

Desde el plano puramente ideológico, esta Ley de Género es socialismo sentimentalmente expresado desde la exposición de motivos y su Artículo 1 cuando señala que “la violencia de género es consecuencia de una cultura machista y la manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad, y las relaciones de poder de los hombres por el mero hecho de serlo”. Dicha violencia se produce por culpa de monstruos abstractos como el machismo estructural, menos el propinado por el ex secretario general del PSE-EE que partió el palo de la cabeza en la señora de Eguiguren. Por culpa del capitalismo, menos el que genera los 24.000 millones de euros que las fundaciones del PSOE han llegado a manejar y repartirse. Como dicen las tertulianas feministas y la ministra Carmen Calvo: “Las mujeres mueren, y mueren a manos de los hombres y punto. Sobre ello no puede haber debate. A las mujeres hay que creerlas sí o sí. Punto”. Claro, menos cuando eres una mujer “lobotomizada, machista y franquista” y cuando recuerdas que, a la vista de las cuentas, a las 916 asesinadas desde 2003 a 2018 toda esta industria levantada por y para ellas le ha robado un buen puñado de monedas.

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