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Los investigadores sospechan que empleados de una importante funeraria metían los cadáveres en cajas baratas antes de la cremación y revendían las caras
El fraude, además de macabro, puede ser millonario. Agentes de la Policía Nacional han registrado a primera hora de este jueves el tanatorio de El Salvador en Valladolid (15 salas velatorio y crematorio), en el marco de una investigación junto a la Agencia Tributaria por, presumiblemente, cambiar los cadáveres a ataúdes de baja calidad antes de proceder a su cremación. La finalidad era reutilizar y revender las otras cajas, mucho más caras. La información, adelantada por Eldiario.es, ha sido confirmada por fuentes policiales a este diario, que aseguran que la operación está aún en desarrollo y que el número de detenidos puede llegar a una veintena de personas, algunas pertenecientes a la misma familia, presuntamente implicadas en este fraude masivo.
La operación, que ha conllevado registros en las tres sedes de la empresa en la capital pucelana y en los domicilios de algunos de los detenidos, se ha lanzado mientras se estaban realizando velatorios en ese tanatorio de Valladolid, cercano al cementerio.
La investigación arrancó en 2017, supuestamente por la denuncia de un empleado de la empresa. Se trata de la empresa funeraria más importante de la provincia, El Grupo El Salvador, con cinco tanatorios en distintos municipios (Valladolid, Medina de Rioseco, Tudela de Duero, Peñafiel y Mojados) y otros tres en construcción (Tordesillas, Olmedo y Laguna de Duero), según aparece en su página web. La misma empresa gestiona desde 2015 el tanatorio municipal de Montemayor de Pililla y el servicio funerario completo para el uso del velatorio municipal de Tordesillas y Tudela de Duero.
Los investigadores no descartan que la empresa también reutilizara las coronas de flores que se desechaban tras las incineraciones para otros velatorios. Los agentes no saben todavía desde cuando podían usar este modus operandi y cuántas pueden ser las familias afectadas, pero calculan que el fraude “puede ser millonario”, dados los altos costes de los funerales. Un sepelio cuesta entre 2.500 y 6.500 euros, pero la cuenta sube sobre todo por los ataúdes, cuyo coste puede oscilar entre los 600 y los 4.000 euros.
La empresa El Salvador es un negocio familiar que ha pasado de padres a hijos, y que se presenta como líder en servicios funerarios de Castilla y León. En la mañana de este jueves nadie respondía a las llamadas. Un contestador automático informaba de que se estaba al habla con la Agencia Funeraria Castellana, en calle Angustias 34, uno de los “tres pilares” que conforman el grupo empresarial (una sociedad anónima), junto al Tanatorio El Salvador, en Camino del Cementerio 21; y el Cementerio-Jardín Parque El Salvador, en Santovenia de Pisuerga. Ya por la tarde, un oficinista —cansado de atender llamadas de periodistas— emplazaba a “un comunicado” que la empresa iba a hacer público “en las próximas horas”. El asunto “esta en manos de los abogados de la empresa”, advertía, sin confirmar ni desmentir la versión de los propietarios del negocio que se comentaba ya por todos los bares de Valladolid: “Todo viene de un empleado despechado, que les denunció y contra el que la empresa se enfrentó en los tribunales”. El comunicado confirma esta versión y añade que las actuaciones forman parte de una “pieza separada del anterior procedimiento judicial” y fruto de una “denuncia interpuesta anteriormente por el Grupo El Salvador”. “Desde el primer momento, nos hemos personado como Acusación Particular, con el firme propósito del esclarecimiento de los hechos y depurar responsabilidades, que en su caso, pudieran derivarse”, manifestan.
La empresa mantiene que “desde siempre” ha mantenido unos “rigurosos controles que aseguran y garantizan la total transparencia de los procesos de incineración”. “Todos los crematorios del Grupo El Salvador cuentan con salas desde la que los familiares pueden ver cómo el ataúd entra en la zona de cremación”, añaden.
El próspero negocio familiar se constituyó en diciembre de 1985, y lleva “más de 30 años ofertando servicios mortuorios integrales en la capital vallisoletana así como en el resto de la provincia”, se anuncian. Aseguran que “su objetivo es abarcar todo el proceso de defunción, desde la prestación del servicio funerario hasta la gestión en su propio Cementerio-Jardín Parque El Salvador, o facilitar la concesión administrativa en otros cementerios públicos (Simancas, Boecillo, Cabezón de Pisuerga…) Con una atención personalizada las 24 horas, los 365 días y una plantilla de más de 70 profesionales”.
Algunos de ellos manifestaban este jueves a EL PAÍS su desconcierto ante la noticia, que habían conocido por la prensa: “Estoy en shock, me he enterado por la tele porque hoy no me tocaba ir”, decía uno. “Llevo trabajando aquí muchísimos años y jamás he visto el más mínimo problema ni entre trabajadores ni entre la empresa y los trabajadores, creo que nunca han despedido a nadie, quizá como mucho haya habido una o dos rescisiones de contratos sin trascendencia”, aseguraba un empleado veterano. “Aquí el trato siempre ha sido bueno, cercano y familiar; espero que se aclare todo y que tengan algún tipo de resarcimiento mediático porque el daño es grande”, decía.
La investigación, realizada por el grupo de Homicidios de la Policía, la dirige un juzgado de Valladolid y se encuentra aún bajo secreto de sumario, aunque es previsible que la delegada del Gobierno de Castilla y León, Virginia Barcones, amplíe la información próximamente.
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