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La Mesa del Congreso suspende a los diputados independentistas presos

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Los letrados han dejado en manos de este órgano la determinación del número de miembros de derecho de la Cámara baja, clave para la mayoría necesaria para la investidura

La Mesa del Congreso ha acordado este viernes la suspensión “automática” de los diputados presos con los votos a favor del PSOE, PP y Ciudadanos. Unidas Podemos, formación que tiene dos de los nueve representantes de este órgano, se ha manifestado en contra. El informe de los letrados, solicitado ayer por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, concluye que Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez serán suspendidos de los derechos y obligaciones de los parlamentarios con fecha 21 de Mayo, día en el que adquirieron esa condición. La decisión sobre los cuatro políticos independentistas en prisión preventiva, debía tomarse en virtud de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y no del reglamento de la Cámara baja.Aunque el PP y Ciudadanos invocaron el reglamento para la suspensión, hoy han obviado que esa fue su opción y se han proclamado protagonistas y autores de la suspensión por su presión sobre Batet. Ahora, los letrados elaborarán otro informe para conocer “el alcance de la suspensión”, que lo es “mientras dure la situación de presión”, como señala el informe. El asunto es relevante porque marcará “el cómputo de la mayoría absoluta”. Si los diputados suspendidos no dejan el acta, la mayoría disminuirá y Pedro Sánchez no necesitará el apoyo de los independentistas.

Ahora, el siguiente paso es aguardar un informe de los letrados del Congreso para precisar cómo se plasma y traduce  esa suspensión y, sobre todo, en que número se fija ahora la mayoría absoluta a efectos de todas las votaciones. Después de dos días de enfrentamientos en la Mesa y fuera de la Mesa, los cuatro políticos independentistas hans ido suspendidos. No desde el día de las elecciones, como hoy mismo ha pedido Ciudadanos en la Mesa, sino que desde adquirieron la condición de tales el pasado día 21. La duda estaba en el procedimiento-

 

varios días. “Nos han dado la razón”, ha incidido.

Los letrados abogados han dejado en manos de la Mesa del Congreso “el alcance de la suspensión mientras dure la situación de prisión” de los diputados, y también “el número de miembros de derecho de la Cámara” durante el tiempo que estén apartados “a los efectos del cómputo de la mayoría absoluta”. Con esta última consideración, los letrados han dejado abierta la puerta a que se considere que el número total de diputados del Congreso pase de 350 a 346, una decisión clave para votaciones como la de la investidura de Pedro Sánchez. Batet ha anunciado que se ha encargado un nuevo informe a los servicios jurídicos para determinar cómo se contabilizan a partir de ahora las mayorías en la Cámara baja.

El debate sobre quién y cómo se debía tomar la decisión de suspender a los cinco parlamentarios encausados por el procés ha provocado esta semana un insólito pulso con intercambio de mensajes entre el Congreso, el Tribunal Supremo y la Fiscalía. Los letrados han concluido que la decisión corresponde a la Mesa de la Cámara y que se debe aplicar el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aunque el alto tribunal no citara este artículo en el auto del pasado 14 de mayo que remitió al Congreso con la intención de que pusiera en marcha la suspensión. Que sea por este camino y no por el Reglamento del Congreso, como señalaban el PP y Ciudadanos, ha hecho concluir a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que su decisión de pedir el informe al secretario general del Congreso era del todo necesario.

Aun así, tanto los representantes del PP como de Ciudadanos y del PP, han sepultado toda mención al Reglamento, aunque era sobre el mismo donde han construido la necesidad de la suspensión, y afirmaron que lo ocurrido es victoria propia frente a los intentos del PSOE y de Unidas Podemos de “esconderse detrás de informes jurídicos para retrasar la situación. La presidenta ha hecho el ridículo”, ha enjuiciado el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas. La coletilla de que se ha “humillado a los españoles”, ha emergido en esta comparecencia, y repetida por el secretario general del PP, Teodoro García Egea. La vicepresidenta tercera del Congreso, Ana Pastor, antes presidenta de la cámara, se ha manifestado en términos más asépticos y no ha vertido descalificaciones personales. Solo se ha reafirmado en que no se necesitaba informe. Ha sido ella y Adolfo Suárez, del PP, secretario de la Mesa, quienes han pedido un nuevo informe para precisar donde se fija ahora la mayoría absoluta.

La Mesa del Congreso se ha vuelto a reunir a las 12.30 de este viernes para debatir el informe a los letrados, que PP y Ciudadanos rechazaron porque defendían que no era necesario y que la suspensión se podía acordar de forma automática.

La Fiscalía pidió el miércoles al Supremo que ordenara a las Cortes suspender de forma “inmediata” a los dirigentes independentistas recluidos. En un escrito registrado en el alto tribunal, la Fiscalía consideraba que el Congreso debía aplicar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que prevé la suspensión de funciones de los cargos públicos procesados por rebelión que estén en prisión preventiva. El ministerio público argumentaba que este precepto es de “obligado cumplimiento” y el Supremo debía comunicarlo así a las Cámaras para que suspendiera a Junqueras, Turull, Rull y Sànchez, que obtuvieron escaño en el Congreso, y a Raül Romeva (ERC), senador.

El mismo miércoles, la nueva presidenta del Congreso, Meritxell Batet, trasladó al Supremo la responsabilidad diciendo que “la función jurisdiccional corresponde al poder judicial” y envió un escrito en el que le reclamaba que “informara a la Cámara de las consecuencias de la aplicación de la ley procesal” sobre los cuatro diputados. La respuesta del Supremo situó de nuevo la decisión en el Congreso. El presidente del tribunal que juzga a los líderes independentistas, Manuel Marchena, envió ayer un escrito a Batet en el que rechazaba elaborar el informe solicitado por la presidenta sobre la posible aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim). 

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