Opinión

La libertad de elección

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Hace unos meses, llegó al Congreso el decreto con el que el Gobierno entregó la decisión final sobre las licencias de VTC a comunidades autónomas y ayuntamientos, en una muestra clara de que este Gobierno, el de Pedro Sánchez, es un Gobierno contra la libre competencia. Los intervencionistas están en contra de la competencia, porque no toleran que la gente prospere por su sacrificio, esfuerzo, riesgo e ilusión, porque no soportan la prosperidad.

Y no soportan la prosperidad porque es lo que permite siempre que reine una gran libertad. Y como no les gusta la libertad, tampoco les gusta la libre competencia, al salirse, ésta, de su control, lleno de intervencionismo, gasto público e intromisión en las decisiones de los agentes económicos productivos. Por eso, siempre que pueden, les dicen a todas las personas qué tienen qué hacer, en qué tienen que gastar su dinero o, más allá, ellos deciden qué hacer con el dinero de los ciudadanos, expropiado a base, en muchos casos, de impuestos confiscatorios, como los que ha planteado el Gobierno en su proyecto de Presupuestos.

En ese conjunto de ataques a la libertad de elección y a la libre competencia, quieren acabar con la forma de vida de unas personas emprendedoras que decidieron introducirse en una profesión, la de los vehículos con conductor, una oportunidad dentro de las opciones del transporte. Son personas que están arriesgado su dinero y que, en muchos casos, están aprendiendo una nueva profesión porque la crisis terrible que a finales de 2007 se desató, los desalojó de sus anteriores profesiones y tenían que sacar a sus familias adelante. Son personas que trabajan muchas horas al día, al igual que los taxistas; que conducen un coche, al igual que los taxistas; pero que son atacados por el Gobierno con esta nueva legislación, a diferencia de los taxistas, a los que protege el gobierno. Ahora, en este decreto, que será tramitado como proyecto de ley, otorgan a regiones y municipios la regulación de las licencias de VTC, de manera que si estas instituciones quieren, podrán anular, si nada lo impide, muchas licencias, dejando en la calle y llenas de deudas a muchas familias.

Los taxistas son un gremio de personas, en su inmensa mayoría, trabajadoras, que se sacrifican y que pasan muchas horas al volante. Ahora bien, un grupo de ellos, no representativo, no puede amedrentar a la sociedad española porque no quieran que entre a competir alguien que pueda ofrecer un mejor precio, un mejor coche o un vehículo más limpio. Lo que pueden hacer –como ya hacen muchos taxistas– es mejorar y competir. Si lo hacen bien, los usuarios los llamarán para que sean su transporte. El problema es querer mantener una situación de monopolio, favorecida por el poder, en lugar de preocuparse por dar un mejor servicio. Mal está que algunos atemoricen, pero peor está que el Ejecutivo apoye un cerrojazo a la libre competencia y a la libre elección del usuario, clave de la prosperidad. Ni se puede atacar a libre competencia ni se puede ceder ante ningún chantaje. Si hay conductores de VTC que se saltan la legislación, que se los persiga, naturalmente, pero no por ello hay que mantener un monopolio que sólo perjudica a los usuarios, además de que no se les puede cambiar las reglas del partido a todas las personas que, con la legislación en la mano, se hicieron con una licencia de VTC. La solución no es menos competencia, sino garantizar que todos puedan competir libremente.

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