Economía

La Autoridad Fiscal ve viable una renta mínima con un coste de hasta 5.500 millones

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El presidente de AIReF, José Luis Escrivá. EP

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha publicado este miércoles el estudio Los Programas de Rentas Mínimas en España, tras su remisión al Gobierno. Se trata de una proyección del impacto que podría tener la implantación de la prestación de ingresos mínimos que el Congreso de los Diputados se ha encomendado a debatir en esta legislatura a partir de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por los sindicatos CCOO y UGT.

De acuerdo con la formulación de los sindicatos, se trataría de una ayuda equivalente al 80% del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (Iprem), que actualmente supone algo más de 430 euros, para parados registrados en los servicios públicos de empleo con ingresos inferiores al 75% del salario mínimo interprofesional (SMI).

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha publicado este miércoles el estudio Los Programas de Rentas Mínimas en España, tras su remisión al Gobierno. Se trata de una proyección del impacto que podría tener la implantación de la prestación de ingresos mínimos que el Congreso de los Diputados se ha encomendado a debatir en esta legislatura a partir de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por los sindicatos CCOO y UGT.

De acuerdo con la formulación de los sindicatos, se trataría de una ayuda equivalente al 80% del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (Iprem), que actualmente supone algo más de 430 euros, para parados registrados en los servicios públicos de empleo con ingresos inferiores al 75% del salario mínimo interprofesional (SMI).

Desde su presentación, los sindicatos han cifrado los potenciales beneficiarios en 1,8 millones de personas y el gasto asociado en unos 10.200 millones de euros. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) elevaba en 2017 esta cantidad hasta los 15.300 millones.

Ahora, con nueva información disponible, la Autoridad Fiscal limita este gasto a un máximo de 9.000 millones de euros, e incluso propone mejoras que reducen este coste a 5.500 millones y mejoran su eficacia, empezando por hacerla compatible con un empleo.

El estudio considera además que su propuesta ahorraría 2.000 millones de euros al reducir duplicidades con otros programas asistenciales vigentes –los sindicatos pretenden sumar la renta mínima a los programas en vigor, que la AIReF suprimiría, aunque no al 100%–, con lo que el coste neto quedaría en 3.500 millones de euros.

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En cualquier caso, la Autoridad Fiscal en todo momento aconseja al Gobierno que, si toma la decisión política de poner en marcha una renta mínima, lo haga en un periodo de tres años para acomodar el gasto a la necesaria disciplina fiscal, y ve manejable abordar un gasto anual de alrededor del 0,1% del PIB. Todo ello previa búsqueda de las fuentes de financiación necesarias para compensar este aumento del gasto.

La renta mínima es viable

Así pues, la primera conclusión es que esta prestación es viable. Ahora bien, la AIReF asegura que, teniendo además posibles efectos positivos, es mejorable y su coste debería enmarcarse en una estrategia de consolidación fiscal para evitar que las cuentas públicas descarrilen.

El análisis concluye que la aplicación de la renta mínima de los sindicatos mejoraría en primer lugar la distribución de la renta en un 4% y reduciría la tasa de pobreza extrema –cuyo umbral es el 30% de la mediana de la renta disponible– en un 28%, del 7% al 5%, aún por encima del 3,5% de media de los países de la UE.

Todo ello, no obstante, tendría con un coste fiscal de entre 7.200 millones y los 9.800 millones de euros, lejos de los 45.000 millones que vaticinó el anterior Gobierno del PP.

Las debilidades

A partir de ahí, dando por hecho que la renta mínima de los sindicatos tendría una aportación positiva, aunque también un coste a tener en cuenta, la Autoridad Fiscal también entiende que este modelo adolece de una serie de “debilidades” en su diseño y propone mejoras para potenciar su eficacia y reducir su coste.

En primer lugar, considera que los requisitos para acceder a la prestación hacen que la ayuda se focalice en la ayuda a parados de larga duración, lo que dificulta una reducción mayor de la pobreza severa.

Más concretamente, señala que la necesidad de estar inscrito de manera ininterrumpida como demandante de empleo al menos durante los 12 meses anteriores a la solicitud supone identificar pobreza con desempleo de larga duración, lo que excluye  a potenciales beneficiarios en situación de pobreza extrema, al tiempo que supone un desincentivo para reincorporarse a trabajar.

De hecho, la AIReF ha identificado una bolsa de medio millón de personas que cumplen con el requisito de tener 12 meses como demandante de empleo, pero que después no se encuentran en búsqueda activa.

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También evidencia la AIReF que esta renta mínima se solaparía con programas actuales tanto a nivel nacional como con los programas de rentas mínimas autonómicos, mientras que no presenta suficiente integración con otras políticas sociales de los ayuntamientos. Esto elevaría aún más el coste para el Estado.

El coste de la ILP

En estas circunstancias, el informe precisa que el coste de la implantación de esta renta mínima sería de al menos 7.200 millones de euros y hasta de 9.800 millones de euros por el posible efecto llamada, puesto que muchos inactivos pasarían entonces a inscribirse en los servicios de empleo. Solo esta cuestión explicaría 2.600 millones de euros de gasto.

Además, en situaciones de crisis graves, el coste incluso podría dispararse a los 11.000 millones de euros, dado el alto complemento cíclico de la renta mínima de los sindicatos.

Por ello, dado que el déficit público aún rondará el 2% del PIB en 2019, con una deuda próxima al 100% del PIB, la Autoridad Fiscal recomienda, en todo caso, enmarcar su posible implantación en una estrategia fiscal a medio plazo que asegure la sostenibilidad de las administraciones públicas.

La propuesta de AIReF

Por su parte, la AIReF propone una serie de cambios para solventar los problemas de diseño detectados y reducir el coste. De entrada, apuesta por establecer como requisito principal para el acceso a la prestación la renta del hogar, estableciendo tramos de renta por hogar para las familias pobres, pero focalizando la ayuda en la pobreza severa.

Por ejemplo, si los ingresos por hogar se encontrasen por debajo del 20% de la mediana, los beneficiarios percibirían una prestación equivalente al 80% del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) y un complemento por hijo a cargo de 1.200 euros al año, con un máximo de tres hijos.

Si los ingresos variasen entre le 20% y el 60% de la mediana, los potenciales beneficiarios percibirían solo el complemento por hijo a cargo. La aplicación de este ejemplo afectaría a 1,8 millones de hogares (no personas), mejoraría la distribución de la renta en un 4% y reduciría la tasa de pobreza severa un 60,4%, con un menor coste fiscal de 5.500 millones de euros, por la eliminación de duplicidades.

En un segundo ejemplo, la AIReF mantiene los mismos requisitos que en el primero, pero intenta corregir los saltos que se producen en las cuantías percibidas estableciendo continuidad en la prestación. Los hogares con ingresos por debajo del 30% de la renta mediana –unos 4.400 euros al año– percibirían una ayuda decreciente desde el 80% al 10% del IPREM y un complemento por hijo a cargo de 1.680 euros, y de 1.200 euros para aquellos con ingresos entre el 30% y el 60%.

En este caso, la puesta en marcha de una iniciativa con estas características beneficiaría a 1,8 millones de hogares, mejoraría la distribución de la renta en un 4,2% y reduciría la tasa de pobreza un 46%, con un coste también de 5.500 millones.

En ambos casos, la Autoridad Fiscal recalca que se evitaría el efecto llamada (sería una fuente de ahorro) y además se reduciría la tasa de pobreza severa por debajo de la media de la UE.

Además, sugiere eliminar los requisitos relativos a la situación laboral de los potenciales beneficarios, hacer la prestación compatible con el empleo –por cuenta ajena o como autónomo– y evitar discontinuidades en la cuantía de la prestación.

En paralelo, la Autoridad Fiscal llama a simplificar el actual entramado de ayudas para evitar solapamientos de prestaciones, y asegurar la complementariedad con otras políticas activas de empleo y las prestación de servicios sociales complementarios.

De hecho, la Autoridad Fiscal da por hecho que del 100% de los gastos que actualmente se dedican a financiar estos programas, el 70% o el 80% se ahorraría porque se cubriría desde la renta mínima, mientras que el 20% y el 30% restante debería mantenerse invariable para asistir a aquellas personas que no quedaran cubiertas por dicha renta.

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