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García Juliá vivía en São Paulo bajo la identidad de un ciudadano venezolano

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El condenado por la matanza de Atocha, detenido en Brasil, estuvo huido en otros cuatro países sudamericanos

Carlos García Juliá, uno de cinco ultras que perpetraron la matanza de los abogados laboralistas de Atocha en Madrid en 1977, vivía en São Paulo bajo la identidad de un ciudadano venezolano cuando fue detenido el pasado 5 de diciembre en la ciudad brasileña. García Juliá estuvo huido en Bolivia, Chile, Argentina, Venezuela y Brasil, según ha informado la Dirección General de la Policía, países por los que se desplazaba, incluso en avión, con documentación falsa.

García Juliá solo cumplió en España 14 de los 193 años de prisión a los que fue condenado. En 1991 se le concedió la libertad condicional y en 1994 solicitó autorización judicial para salir de España. Desde entonces, se mantuvo desaparecido al no comparecer ante un requerimiento judicial formal producido en diciembre de ese año.

Las investigaciones policiales situaban al fugitivo en territorio sudamericano. Se detectó su presencia en Chile, Argentina, Venezuela y Brasil, pero no se pudo determinar la identidad que utilizaba. En 2017 se emitió una orden internacional de detención y fue entonces cuando se iniciaron gestiones más intensas para dar con su paradero.

Esas investigaciones determinaron que podría encontrarse en territorio brasileño, concretamente São Paulo, bajo la identidad de un ciudadano venezolano. En julio de 2018, la Policía Federal de Brasil detectó a García Juliá y comenzaron las gestiones para solicitar su extradición.

El siguiente trámite es que el servicio de Ejecutorias de la Audiencia Nacional, encargado de hacer cumplir las sentencias de este tribunal, solicite un informe a la fiscalía sobre si se debe cursar la petición de extradición de Juliá. En el informe, la fiscalía deberá pronunciarse sobre si ha prescrito la condena contra Juliá y si procede reclamar su entrega al país sudamericano. Cuando se pronuncie la fiscalía, la sección primera de la Audiencia Nacional, que fue la que le condenó a 193 años de cárcel, tendrá que emitir un auto en el que ordene, en su caso, que se inicien los trámites de extradición. Sobre la posible prescripción de la sentencia, fuentes jurídicas consultadas por Efe apuntan a que empezaría a correr el plazo desde que huyó de la justicia y que se aplicaría el actual Código Penal (más beneficioso que el de 1973, según el que fue condenado), que contempla la prescripción a los 30 años en condenas a más de 20 años de prisión.

Varios pistoleros irrumpieron el 24 de enero de 1977 en el despacho laboralista de Comisiones Obreras, en el número 55 de la calle Atocha. Mataron a tres abogados laboralistas, Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo, el estudiante de Derecho Serafín Holgado y un administrativo, Ángel Rodríguez Leal. Hubo además cuatro heridos graves.

García Juliá perpetró la masacre de Atocha junto a una milicia fascista de seguidores del fallecido notario Blas Piñar. José Fernández Cerra, que fue condenado a 193 años como ejecutor, y Francisco Albaladejo, sobre el que cayeron 73 como inductor, le acompañaron en el crimen. Lerdo de Tejada fue procesado, pero huyó antes de sentarse en el banquillo. En su fallo, la Audiencia Nacional consideró que, junto al también procesado Leocadio Jiménez Caravaca, constituían un “grupo activista e ideológico, defensor de una ideología política radicalizada y totalitaria, disconforme con el cambio institucional que se estaba operando en España”.

Con la captura en Brasil de García Julia se cierra un fleco, pero planea la incógnita sobre el paradero del principal fugitivo de la matanza: Fernando Lerdo de Tejada, prófugo de la justicia española desde 1979, cuando se escapó de España antes de sentarse en el banquillo. EL PAÍS publicó que la última orden de busca y captura dictada contra este pistolero por el Juzgado Central 1 de la Audiencia Nacional cesó en 2015 y que el fugitivo era un hombre libre.

La matanza de Atocha se convirtió en uno de los símbolos de la transición a la democracia en España, cuando quedaban dos meses para la legalización del Partido Comunista de España (PCE) y a cinco meses de la celebración de las primeras elecciones democráticas después de cuatro décadas de dictadura.

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