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El Supremo pide que el traslado de los presos del juicio del ‘procés’ se haga para la última semana de enero

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El presidente del alto tribunal anticipa la petición al ministro del Interior para que el viaje de los procesados a Madrid se haga “en condiciones que respeten su dignidad”

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El juicio a los 12 líderes políticos y sociales independentistas catalanes acusados por rebelión, sedición y malversación, previsto para finales de este mes o principios de febrero, se aproxima, y comienzan los trámites para el traslado a Madrid desde las cárceles catalanas de los nueve que están recluidos en prisión provisional. El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha solicitado este jueves al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que “adopte las decisiones que resulten indispensables” para “garantizar la presencia de los procesados presos” ante el tribunal “en la última semana del corriente mes de enero”. Fuentes penitenciarias afirman que la preparación del traslado, previsiblemente a las prisiones madrileñas de Soto del Real o a de Estremera llevará unos quince días.

En su comunicación al ministro, Marchena pone el acento en dos condiciones esenciales. Por un lado, la “seguridad” ha de “presidir” el traslado de los nueve reclusos. Por otro, el cambio de cárcel debe efectuarse “en condiciones que respeten” la “dignidad” de los procesados y su “derecho a un proceso sin dilaciones indebidas”. Estos criterios, plantea el presidente de la sala que ha de enjuiciar el procés, están por encima de las “exigencias temporales” para los traslados que plantean las leyes. La Ley de Enjuiciamiento Criminal impone que la presencia de los acusados ante el tribunal se realice “inmediatamente” y el Reglamento Penitenciario sustituye esta inminencia por una “antelación mínima de 30 días”. La carta de Marchena da a entender que no pretende que los reclusos estén en las prisiones madrileñas más tiempo del estrictamente imprescindible antes del inicio de la vista oral.

El presidente del tribunal recuerda que en los próximos días vencerá el plazo para que los abogados de los 12 acusados presenten sus escritos de defensa. Posteriormente el tribunal deberá decidir sobre la pertinencia de las pruebas solicitadas —fuentes del tribunal avanzan que darán bastante manga ancha y aceptarán la mayoría de las peticiones de presencia de testigos para garantizar el derecho de defensa, aunque esto pueda dilatar el juicio—. Una vez resuelto este trámite, simplemente falta señalar la fecha de inicio de la vista, que arrancará con un trámite de cuestiones previas en las que las defensas podrán alegar cuestiones de nulidad.

La fiscalía solicita en esta causa para el presidente de ERC Oriol Junqueras una pena de 25 años de cárcel por su papel como líder del procés por un delito de rebelión, agravado con malversación de caudales. El ministerio público atribuye también ambos delitos a los otros exconsejeros del Gobierno de Carles Puigdemont que, como Junqueras, están en prisión preventiva (Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa), para los que solicita 16 años de cárcel. A los otros tres procesados encarcelados (la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y el líder de Òmnium, Jordi Cuixart) se les acusa de rebelión, pero no de malversación. Aún así, son considerados “promotores o jefes” de la rebelión, por lo que la fiscalía solicita para ellos más pena que para los exconsejeros (17 años de prisión).

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