Opinión

El pirómano de Tetuán y las putas

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Hoy las calles vuelven a hablar. Miles de personas defienden en todo el país que los derechos de las mujeres no se negocian. El Gobierno de España lo tiene claro: sin feminismo no hay democracia. Sigamos avanzando”. Este es el mensaje más miserable que ha lanzado Pedro Sánchez en las redes sociales desde que llegó al poder el pasado junio.

Aquella confesión de Zapatero a Gabilondo en un plató de televisión en 2008, donde reconoció que “nos conviene que haya tensión” al ser preguntado de manera informal por el periodista sobre los sondeos, fue captada fuera de cámara. Sin embargo, ‘el Obama de Pozuelo’ ni siquiera se tapa. Al contrario. Aconsejado por su spin-doctor Ivan Jode, como si éste estuviera descubriendo la pólvora, sale al vecindario de Twitter a agitar al electorado de izquierda porque ellos están convencidos de que a mayor polarización del mensaje, los socialistas subirán en apoyos en las urnas. Aprovechando además que Podemos, su principal competidor en este espectro, ha pulsado el botón de autodestrucción.

Lo enormemente grave es que el presidente del Gobierno echó esta gasolina al fuego del odio que los radicales ya están llevando a las calles a modo de kale borroka contra el que piensa diferente. El incendiario de Tetuán está contribuyendo de esta manera a una batasunización del clima de convivencia, algo desconocido hasta ahora fuera del País Vasco y Cataluña, donde los CDR del president Quim Torra han tomado el testigo de los herederos del ‘frente de masas‘ de ETA. En cambio, las condenas del inquilino de La Moncloa a los ataques y las agresiones que están sufriendo miembros de partidos constitucionalistas brillan por su ausencia.

Pero la doble moral del socialismo más sectario no tiene límite. Tampoco se oyó al sanchismo ningún mensaje de repulsa, de rechazo, de autocrítica, cuando Fernando Villén, exdirector de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) tuvo que declarar el año pasado ante la juez para explicar un gasto de 31.969 euros en casas de putas con una tarjeta de la Junta entre los años 2004 y 2009. Sólo se escuchó a la ministra de Justicia diciendo en el Congreso, a pregunta del PP, que “cualquier tipo de explotación a la que se somete a una mujer me parece denigrante” y que si es con dinero público resulta “repugnante”, con independencia de que “suceda en Andalucía, en Mallorca o en Azerbaiyán”. Como si el escándalo de las tarjetas black de la Faffe, ocultado durante años por los socialistas desde el Gobierno de la Junta, fuese algo extendido. Por cierto, la ministra Delgado, fiscal en excedencia, todavía no tiene el carné del PSOE.

Sin embargo, las femi-ultras que a bordo de autobuses pagados por el PSOE —y todavía habrá que investigar si por algún organismo de la Junta— rodearon el Parlamento andaluz en la investidura democrática de Juan Manuel Moreno Bonilla no convocaron ninguna concentración de repulsa ante San Vicente, sede del PSOE en Sevilla, por el caso de la mancebías que frecuentaban con parné de la Junta sus correligionarios.

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