España

El fiscal reclama a Puigdemont el gasto realizado por el 1-O

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También se dirige contra los ‘consellers’ que renunciaron antes de la consulta y la interventora de la Generalitat

Entre las distintas partidas que cita figura un contrato publicitario por casi 8 millones de euros

A la demanda de Societat Civil Catalana y la asociación de Abogados Catalanes por la Constitución contra el Govern de Carles Puigdemont por el dinero público que se habría destinado al referéndum del 1-O se ha sumado este jueves un escrito del fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, también dirigido a determinar la responsabilidad contable en la que pudieron incurrir el ‘expresident’ y otras 18 personas que formaron parte de su Ejecutivo, incluidos los ‘consellers’ que lo abandonaron antes de la votación ilegal y que no fueron acusados en el procedimiento penal que se sigue en el Tribunal Supremo (Neus Munté, Jordi Jané, Meritxell Ruiz y Jordi Baiget), y la que era interventora de la Generalitat, Rosa Vidal.

El escrito, que constata “la asignación y disposición de fondos y recursos públicos para financiar las actividades relacionadas con la preparación y la ejecución del referéndum ilegal de autodeterminación del 1-O”, hace una relación de gastos realizados y comprometidos por la Generalitat, así como de diferentes partidas, entre las que menciona un contrato publicitario de 7,9 millones de euros y la defensa que el ‘exconseller’ Raül Romeva hizo del presupuesto de Acción Exterior, que pasó de tres a 6,5 millones, para “preparar el proceso constituyente de la República catalana”.

La cifra final de reclamación dependerá de la instrucción que realice la consejera Margarita Mariscal de Gante, que fue ministra de Justicia con el PP. También a ella le correspondió determinar la responsabilidad contable en la que incurrió la Generalitat por el 9-N de 2014 y por la que se condenó al expresidente de la Generalitat Artur Mas y los ‘exconsellers’ Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega a devolver 4,9 millones de euros. De momento, en su demanda, Societat Civil Catalana y los abogados por la Constitución cuantifican la responsabilidad contable del 1-O en 1,97 millones, aunque advertían que podría ascender a 80 contabilizando más gastos. 

El fiscal solicita a la instructora que recabe tanto del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona como del Tribunal Supremo la información de que dispongan en relación con lo gastado el 1-O, hechos por los que en ambos procedimientos se imputa a los acusados un delito de malversación de caudales públicos. En los últimos informes de la Guardia Civil entregados en esas causas el gasto se cuantificó en más de 4 millones de euros. Los fiscales del Supremo lo sitúan en tres millones en el escrito de acusación presentado contra los líderes del ‘procés’ en el alto tribunal, mientras que la Abogacía del Estado reduce en el suyo la cantidad presuntamente malversada a 1,9 millones. 

El precedente del 9-N

El fiscal sostiene en su escrito que la jurisdicción contable, iniciada ante el Tribunal de Cuentas, y la penal, que se sigue en el Supremo y el juzgado barcelonés, son perfectamente compatibles, porque “examinan los hechos desde la perspectiva de su propia competencia”: la primera determina si ha habido un menoscabo del patrimonio público que debe ser reparado y la segunda depura responsabilidades por la comisión de delitos. Aún así sorprende que se haya iniciado la vía contable, cuando se está todavía pendiente de un juicio penal, en el que a diferencia del 9-N, también se determinará si hubo o no malversación por destinar partidas a un referéndum anulado por el Constitucional. 

El ministerio público ante el Tribunal de Cuentas incorpora en su escrito la documentación que Hacienda remitió hace aproximadamente un año al órgano fiscalizador, y en el relato de hechos detalla las medidas que fue adoptando el entonces ministro Cristóbal Montoro para disponer de un control más efectivo de las cuentas de la Generalitat.

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