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El drama de ‘La Marrurra’, la cantaora de EE UU a la que encerraron ilegalmente en un geriátrico de Madrid

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El Constitucional censuró la decisión del Samur y ordenó a una residencia del Ayuntamiento su inmediata liberación

Investigación EL PAÍS

Aquel día el rostro de La Marrurra era el espejismo roto de un pasado cargado de rebeldía y farándula al calor del buen cante y el finito. Nada que ver con la luz de la joven americana veinteañera que huyó de los lujos de la casa de sus padres en Florida y acabó en el corazón del flamenco, en Andalucía, tras enamorarse perdidamente de un guitarrista de su país. Se vinieron a vivir a España. El matrimonio apenas duró un año. Y luego cada uno por su lado. Pero para entonces se le había inoculado el flamenco. Se convirtió en su pasión, se hizo cantaora y dejó de ser La americana. Prefirió que la llamaran María en lugar de Maureen (sus amigos se liaban con su nombre) mientras escondía en el pasaporte sus apellidos, Sondra Silver.

Los entendidos le añadieron rápidamente un mote a María, La Marrurra. Y ahí empezó su leyenda por tablaos de Sevilla y Cádiz. Jesús Quintero la incluyó entre los personajes de su programa televisivo de Canal Sur. A veces sentía una extraña nostalgia y visitaba las bases militares americanas de la zona.  Se despegó por completo de sus padres, que siempre fueron su sostén económico en España. Era hija única. Pero lo mismo que le llegaba el dinero de su país, se lo gastaba con sus amigos.  A sus apuros económicos le sucedían las remesas de sus padres.

La Marrurra dejó los tablaos andaluces y se asentó en Madrid a mediados de los noventa, siempre cerca del flamenco. Su madre, consciente del desorden vital de su hija, le compró un piso en una lujosa urbanización del barrio de Salamanca, con tres porteros y piscina. No hubo forma de arrancarla de España. Y así pasaron los años.

Los excesos de la noche se dejaron notar en su salud hace varios años (ahora tiene 76). A algunos vecinos de su lujosa urbanización les incomodaba su “bohemia” forma de vivir; la veían “desconfiada, no pagaba la luz”…  Y la denunciaron. También le reprocharon que acumulaba mucha ropa en el piso. O eso se decía en un informe de una trabajadora del Samur Social del Ayuntamiento de Madrid. El 17 de febrero de 2014, el Samur fue a por ella a su casa y se la llevó por la fuerza a la residencia Margarita Retuerto. Le otorgaron una “plaza pública de emergencia”. Ella se resistió cuanto pudo.

El único documento aparentemente serio esgrimido por el Samur para encerrarla sin su consentimiento fue un antiguo informe elaborado por un psiquiatra del hospital Clínico de Madrid que hacía años le había diagnosticado “un trastorno delirante”. Pero el informe estaba obsoleto. No era serio internar a una anciana con un informe antiguo, que más tarde sería refutado por otros a los que el juez no hizo caso.

Los amigos de La Marrurra tardaron muchos días en conocer su paradero. Y les costó que les dejaran visitarla en la residencia. Sabían que era una mujer “que iba a su bola, descuidada…, pero en ese momento”, señala Lola, “su cabeza estaba bien y no había motivos para encerrarla contra su voluntad, era como llevarla a la cárcel”. Los amigos buscaron al abogado Fernando Rodríguez y este recurrió la orden de ingreso ante el juzgado que lo había autorizado.

Tras rechazar el juzgado su libertad, acudieron a la Audiencia de Madrid, que mantuvo la situación sin percatarse de la ilegalidad que gravitaba sobre el ingreso de La Marrurra. “Lejos de internarla, lo que podían haber hecho el juez y el Samur Social era proporcionarle una persona que le ayudara en casa, pero no ingresarla de por vida”.  Sus amigos siempre vieron detrás de ese encierro “la mano negra de alguien del vecindario con influencias”. Pasaban los meses y María seguía sin poder salir de allí, rodeada de enfermos con trastornos mentales.  

El encierro involuntario de La Marrurra acabó casi un año después en las manos del magistrado del Tribunal Constitucional Andrés Ollero. Es raro que el Constitucional enmiende la plana a un juez y a una audiencia provincial en un pleito por un asunto tan particular. El alto tribunal analizó el caso y ordenó la inmediata puesta en libertad de María, y reprendió la desidia de todos los órganos judiciales que habían permitido su encierro. Todos habían vulnerado la ley y los plazos legales y, además, no era fiable el antiquísimo informe del psiquiatra del Clínico que determinó su internamiento.

“El hecho de llevar una vida más o menos bohemia o desordenada no es motivo suficiente para privar de libertad a nadie. Se podrán tomar las medidas que se quiera, se le podrá obligar a que limpie su casa, a que arregle el pago de la luz, a que se vista de otro modo… pero nunca, nunca puede confinarse a una persona por una conducta atípica; es sencillamente un crimen”. Este argumento del abogado de María La Marrurra es asumido íntegro por el Constitucional en su novedosa y hasta ahora inédita sentencia sobre este asunto.

Liberada, María volvió a su casa del barrio de Salamanca. Y ahí sigue. Su madre no se fiaba de ella y al morir dejó como albacea a su hermano, ahora nonagenario, que le fue enviando dinero periódicamente. Hace años se acabó el dinero. Pero María mantiene su amplio y lujoso piso. Varias amigas de María fueron citadas en enero pasado por el juzgado. “La juez nos dijo que había intención de vender el piso, aunque ella lo podría utilizar mientras viva, para compensar los gastos de la ayuda social”, indica Lola. Ahora dispone de cuidadora social las 24 horas del día, pero en su casa. “Lo que pretende el juzgado es una barbaridad, ese piso vale mucho dinero; no seria justo que se lo quedase alguna de esas asociaciones que les sacan el dinero a los ancianos”, añade.

Grave error judicial

Por el año que estuvo encerrada ilegalmente, el abogado de La Marrurra ha pedido 1,4 millones de euros al Estado. El poder judicial asegura en un informe al que ha tenido acceso EL PAÍS que el internamiento forzoso de La Marrura “fue ilegal” y que hubo un claro error judicial en su caso, pero que eso debe determinarlo un tribunal de rango superior al juzgado que la mantuvo encerrada.

Desde su largo e ilegal encierro, han pasado cuatro años y a María, ahora sí, se le nota ya más torpe. Su comprensión de la realidad es escasa, pero sale y entra de su casa con total libertad, aquella que La Marrurra, llorando, reclamaba a su amiga Lola cuando esta consiguió por primera vez visitarla en el geriátrico municipal en el que se pasó un año injustamente.

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