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‘Caso Arganda’: El gran pelotazo de la trama Gürtel, listo para juicio

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El juez De la Mata cierra la pieza separada sobre la comisión de 25 millones a Correa en el municipio madrileño

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha cerrado este miércoles la investigación y ha dejado listo para juicio el mayor pelotazo de la trama Gürtel de corrupción: la venta de parcelas municipales en Arganda del Rey (Madrid, 54.000 habitantes). En esta operación, el cerebro confeso de la trama, Francisco Correa, y el entonces alcalde de la ciudad, Ginés López, del PP, entre otras personas, se repartieron supuestamente 25 millones de euros que les pagó la sociedad adjudicataria de los terrenos, Martinsa, por amañar el concurso en su favor. Esta promotora, liquidada en 2015 y dirigida por Fernando Martín, antiguo presidente del Real Madrid, es uno de los símbolos de la burbuja inmobiliaria que azotó a España durante la primera década de este siglo.

El magistrado instructor ha dictado hoy dos resoluciones distintas en la causa de los negocios de Francisco Correa en Arganda, municipio residencial situado al sureste de la capital de España. En el primer auto, De la Mata desgaja la investigación de Arganda de la pieza principal del caso Gürtel. En el segundo, el juez transforma la causa en procedimiento abreviado, un trámite equivalente al procesamiento, y por el que propone juzgar a Correa, Ginés López, Fernando Martín y otras 18 personas por delitos de prevaricación, cohecho, fraude, falsedad en documento público, malversación, insolvencia punible y delitos contra la Hacienda Pública.

Además de la operación de intermediación urbanística que granjeó a Correa una enorme ganancia ilícita sin arriesgar un euro, en esta causa se han investigado diversos actos de manipulación de los contratos públicos en Arganda entre 1998 y febrero de 2009, cuando estalló la Operación Gürtel. Las empresas del líder de la trama percibieron 168.500 euros mediante la adjudicación de al menos 13 contratos del Ayuntamiento y de la Sociedad de Fomento y Desarrollo Municipal, dirigida por el concejal Benjamín Martín Vasco, que fueron fraccionados para evitar la libre concurrencia. “En la práctica, llegaron a dirigir toda la contratación pública de Arganda del Rey”, afirma De la Mata en su auto sobre Correa y sus principales colaboradores.

Las empresas de Correa, dedicadas a la publicidad y la organización de eventos, obtuvieron numerosos contratos de administraciones gobernadas por el PP, formación con la que tenía un trato privilegiado. Al mismo tiempo, el líder de la trama llevaba a cabo “una intensa actividad como conseguidor de proyectos de obra pública, urbanísticos, infraestructura, [o] suministro de servicios públicos”. Correa presentaba a empresas a concursos previamente concertados y obtenía comisiones que posteriormente se repartía con las autoridades y funcionarios que facilitaron los amaños.

El mayor éxito en esta especialidad corrupta lo obtuvo Correa en Arganda entre 2004 y 2005. Era la época en que la burbuja inmobiliaria que se llevó por delante a buena parte del sistema financiero español y abonó la gran recesión se encontraba en su fase aguda. Correa obtuvo una mordida de 25 millones de euros a cambio de mediar en la venta –y posterior recalificación- de la llamada Unidad de Ejecución UE 24 en favor de Martinsa. La parcela de suelo público, de 16 hectáreas fue vendida por 89 millones de euros, después de que el concurso público impidiera a los licitadores realizar ofertas más altas. Tras la adjudicación, el número de viviendas permitidas en esa zona se elevó de las 1.580 iniciales a las 2.731 de la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico. Este incremento de la edificabilidad suponía un aumento en la previsión de ventas, que pasaron de 336,6 a 535 millones de euros. El expediente de contratación se redactó de una manera que la operación aparecía como de dudosa rentabilidad para los potenciales licitadores, según el juez De la Mata. De este modo, se limitó el número de empresas interesadas en hacerse con los terrenos municipales.

La comisión de 25 millones fue abonada presuntamente por Martinsa en dos pagos de 12 y 12,87 millones en diciembre de 2014 y junio de 2016 a cuentas de Correa en Mónaco y Suiza. Otros 130.000 euros fueron transferidos directamente a una cuenta helvética de Ramón Blanco Balín, asesor de Correa.

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